• La demanda incluye al Ayuntamiento como parte demandada, solicitando una compensación de 100.000 euros por «daños y perjuicios morales y económicos
• La empleada, exjefa en funciones del servicio en el departamento de Infraestructuras y Servicios Públicos, se negaba a firmar contratos de menor cuantía debido al temor de incurrir en posibles irregularidades legales

Juanjo Berenguer, alcalde del Partido Popular en El Campello, tiene una cita con la Justicia ante las acusaciones de presunto acoso laboral a una empleada del Ayuntamiento. Después de que la demanda presentada por una funcionaria, fuera admitida en relación con la «protección de derechos fundamentales y compensación por daños y perjuicios morales», se ha citado al primer edil para que acuda a un juzgado de lo social para abril.

El Juzgado de lo Social ha admitido la demanda presentada por la empleada, quien cuenta con 21 años de trayectoria profesional en el Ayuntamiento. Según el documento judicial, la trabajadora experimentó un intento de ser expulsada de su despacho, además de enfrentarse a «disputas constantes, presiones, difamaciones, humillaciones, intimidaciones, faltas de respeto y menoscabo de su dignidad». Estos incidentes han contribuido a la creación de un «entorno laboral hostil y degradante» para la funcionaria durante los últimos dos años.

La razón de este caso, se origina en la decisión adoptada por la trabajadora, quien se negó a firmar contratos menores «si no se le aclaraban las dudas», debido al temor de participar en posibles prácticas irregulares que pudieran afectar a su persona directamente, y que pudieran repercutirle al figurar su firma en dichos documentos. Su posición, generó que el alcalde «tomara medidas» en su contra, como se detalla en la demanda. Este acontecimiento es el motivo por el cual la afectada reclama una indemnización de 100.000 euros por los «daños y perjuicios morales» ocasionados.

La trabajadora se negó a firmar los contratos menores

Según el informe, la funcionaria planteó una serie de preguntas y expresó sus «inquietudes legales» acerca de los procedimientos y contratos que debía suscribir, pero no recibió respuestas a ninguna de sus consultas. Ante esta situación, la demandante buscó respaldo en el Síndic de Greuges, que emitió una «resolución de mala praxis por parte del Ayuntamiento de El Campello» al no brindar seguridad jurídica a la trabajadora. Posteriormente, el ayuntamiento respondió a las preguntas planteadas por la técnica municipal, pero lo hizo de manera «ambigua», según detalla el informe judicial.

La demanda, expone que la trabajadora sufrió presión mediante «obstáculos injustificados en la gestión de sus asuntos, forzándola y amenazándola, tanto en reuniones privadas como en sesiones públicas del pleno, a autorizar pagos por servicios contratados sin cumplir con la Ley de Contratos». Esto ha generado una «situación de acoso y antagonismo que tiene un impacto significativo en la salud» de la mujer, con un «claro riesgo psicosocial».

A raíz de estos incidentes, la empleada ha estado de baja desde septiembre de 2022. Antes de recibir la prescripción médica, la funcionaria consultó a un psiquiatra en noviembre de 2021, quien le recomendó un tratamiento que aún sigue vigente en la actualidad.

La audiencia judicial sobre este caso se llevará a cabo en los Juzgados Sociales de Alicante, el próximo 8 de abril a las 10:40 horas. En esta fecha, ambas partes, tanto el alcalde del Partido Popular como la empleada municipal, deberán comparecer para esclarecer un asunto que ya fue denunciado por un sindicato en 2022. El sindicato alertó de que se estaban produciendo «presiones», «amenazas» y «hostigamiento» hacia los funcionarios que, al igual que en este caso, se negaban a aprobar pagos de contratos menores.