El pleno ordinario del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig celebrado esta tarde ha aprobado por unanimidad una moción que propone fortalecer la seguridad y protección de los centros educativos del municipio. La propuesta ha contado con el respaldo del equipo de Gobierno formado por PP y Vox y de los grupos de la oposición de PSOE, EU-UP y Compromís.
Los responsables de Seguridad, Adrián García, y Educación, Santiago Agulló, se han mostrado favorables al planteamiento, defendido por el edil socialista Eugenio Toledo, para implementar actuaciones desde estas dos áreas municipales con medidas coordinadas, muchas de las cuales tendrán carácter transversal y requerirán la intervención de otras instituciones, entre ellas la Conselleria de Educación.
El responsable de Seguridad ha confirmado que “desde la Policía Local ya se está trabajando en dispositivos como el que se puso en marcha este verano en el instituto María Blasco y el que ahora está en funcionamiento en colaboración con la Guardia Civil para prevenir actos vandálicos registrados en horas no lectivas que, aunque son hechos puntuales, hay que evitar que sucedan porque generan inseguridad”.
El edil ha adelantado la intención de extender los operativos de vigilancia a centros como BEC de L’Aguila, Reyes Católicos, Azorín, La Almazara, L’Horta o Miguel Hernández, entre otros. “Con los recursos existentes, trataremos de estirar lo más posible nuestras posibilidades y pedir a la Conselleria que estudie la instalación de nuevos medios, como cámaras”, ha indicado.
En este mismo sentido, Santiago Agulló ha explicado que “desde el Ayuntamiento queremos mostrar nuestra disponibilidad a colaborar en la mejora de la vigilancia en aquellos centros educativos que lo demanden, pero nuestro papel será orientativo, ya que se trata de competencias exclusivas de la Conselleria, previa petición de cada centro escolar”, ha matizado. El edil se ha comprometido a fortalecer los vínculos con la comunidad educativa y ha asegurado que “actualmente existe una coordinación exhaustiva entre las concejalías de Seguridad y Educación analizando cada caso y de la mano de los centros educativos y de las fuerzas de seguridad”.
En en pleno se han aprobado otros asuntos recogidos en el orden del día como la modificación de crédito destinada al suministro de contenedores, que ha contado con los votos a favor de PP, PSOE, VOX y Compromís y la abstención de EU-UP, y la cartografía de urbanizaciones, núcleos de población e instalaciones en riesgo de incendio forestal, sancionada por unanimidad.
También hoy se ha sometido a debate la petición para declarar San Vicente como zona tensionada, defendida por el edil socialista Bruno Radermecker, que ha sido rechazada por el equipo de Gobierno de PP y Vox. En el mismo sentido se ha presentado una pregunta por parte de la portavoz de Compromís, Maribel Morera.
La concejal de Derechos Sociales, Mariela Torregrosa, ha argumentado que la limitación obligatoria de los precios de los alquileres derivados de esta declaración “no es la solución” y ha puesto en foco en la necesidad de crear un parque de vivienda pública a través de iniciativas como la propuesta por el actual Gobierno de la Generalitat para construir 10.000 residencias con ayudas públicas. La edil y el concejal de Vox, Pablo Quintana, han coincidido en que la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno central repercute en los propietarios una obligación que es de las administraciones y genera inseguridad.
Valoración de cambios en el transporte público
El concejal de Transportes, Vicente Pastor, ha adelantado en el pleno que se está estudiando cambios en la línea de autobús 46. En respuesta a la pregunta de la edil socialista Noelia Hernán, ha explicado que, en caso de que esta propuesta salga adelante, se reforzará la línea 45 con más paradas y un horario más amplio. Las medidas se están valorando con los técnicos y la empresa concesionaria y con los vecinos de los barrios y partidas afectadas, a los que se ha informado de los planes.
Durante el pleno también se ha trasladado, en respuesta a la edil Maribel Morera, que la reducción de la oferta de la Escuela Oficial Idiomas en San Vicente obedece a que los cursos eliminados no han estado en funcionamiento este curso escolar debido a la falta de matriculaciones, una situación que no es nueva ya que cada año se ajusta en función de la demanda.