La controversia en torno a los toldos instalados el pasado verano en Tabarca sigue generando consecuencias. Más allá de su retirada en plena temporada estival, la empresa encargada del montaje denuncia que todavía no ha cobrado el importe correspondiente al contrato firmado con el Ayuntamiento de Alicante, un año después de su adjudicación.

Desde Grupo Costa Blanca HTS aseguran que el Consistorio mantiene una deuda pendiente que supera los 165.000 euros. Su responsable, Khalil Bouzidi, critica la falta de comunicación por parte del gobierno local y afirma que ni siquiera responden a sus llamadas desde hace meses. Según explica, la empresa atraviesa una situación económica complicada, ya que ha tenido que asumir con recursos propios el impacto de este retraso.

La compañía, que cuenta con 22 empleados, ha logrado mantenerse operativa hasta ahora, aunque advierte de que la deuda sigue sin resolverse. Bouzidi reconoce que se ha planteado acudir a los tribunales, pero considera que sería una medida extrema debido a la duración y el coste de los procesos judiciales.

Por su parte, fuentes municipales sostienen que el pago no se ha completado porque no es posible abonar la totalidad del contrato de forma anticipada. El Ayuntamiento vincula este proyecto al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, cuya ejecución se extiende hasta 2026 y 2028, lo que ha obligado a reestructurar el pago en varias fases. Aseguran que, una vez se incorporen los remanentes, se aprobará el reajuste necesario para efectuar los abonos pendientes, aunque no concretan plazos.

Desde la empresa indican que solo han percibido un 10 % del total, correspondiente al proyecto inicial, mientras que el resto sigue pendiente.

El caso de los toldos ha estado rodeado de polémica desde su instalación. Fueron retirados a finales de julio, apenas un mes después de colocarse, a pesar de que inicialmente estaba previsto que permanecieran hasta noviembre. El motivo fue la necesidad de cumplir con las restricciones de Patrimonio, al tratarse de un entorno declarado Bien de Interés Cultural.

El contrato, licitado a finales de 2024 con un presupuesto superior a los 200.000 euros, contemplaba la instalación de estructuras de sombra en varias zonas de la isla para proteger tanto a residentes como a visitantes durante los meses de mayor afluencia turística. La adjudicación se formalizó en abril de 2025 y, según la empresa, el trabajo se ejecutó conforme a las condiciones establecidas y fue supervisado por los técnicos municipales.

Además, la compañía tuvo que hacer frente al pago del IVA correspondiente, cerca de 29.000 euros, sin haber recibido todavía el ingreso principal por parte del Ayuntamiento.

Antes incluso de la adjudicación, informes técnicos ya advertían de las limitaciones existentes en la zona, señalando que este tipo de instalaciones solo podían autorizarse de manera puntual durante celebraciones concretas. A pesar de ello, el contrato se aprobó inicialmente con una duración mucho más amplia, lo que obligó posteriormente a modificar sus condiciones.