Bruno Alcaraz Espí
Quien cruza hoy el Parque Juan XXIII no suele pensar en nada especial. Es un lugar de paso, de bancos y de conversaciones, de niños jugando y vecinos haciendo tiempo. Pocos saben que, bajo esa cotidianidad, durante generaciones se ubicó el cementerio de San Vicente.
Aquel viejo camposanto ocupaba el triángulo que hoy delimitan la carretera de Agost, la calle Campoamor y la calle Pérez Galdós. No era un solar cualquiera. Era el lugar donde el pueblo despedía a los suyos, donde se cruzaban apellidos, duelos y memoria familiar. Un espacio de frontera, como lo eran entonces todos los cementerios: entre la vida del pueblo y el descanso de quienes ya no estaban.
El crecimiento de San Vicente a comienzos del siglo XX obligó a buscar un emplazamiento nuevo, más acorde con las exigencias sanitarias de la época. Así, en 1928 se inauguró el actual cementerio municipal, junto a la antigua fábrica de cementos, al oeste de la población. El viejo recinto quedó entonces sin su función original.
Aquí es donde conviene detenerse un momento, porque no todo lo que ocurrió después está tan claro como parece. El traslado de un cementerio no siempre significó, en la práctica de aquella época, el traslado de todos los restos. Las normas de entonces (y también las actuales) distinguían entre las sepulturas reclamadas por las familias, que se trasladaban con nombre y destino, y aquellas que nadie reclamaba, cuyo rastro documental se pierde con mayor facilidad.
No existe constancia clara de que la totalidad de los restos de quienes descansaban allí fueran efectivamente exhumados y trasladados al nuevo cementerio. Es muy probable que sí. Pero también es posible que no, y que parte de esos sanvicenteros y sanvicenteras sigan, sencillamente, donde siempre estuvieron.
Hay además una cuestión que rara vez se menciona y que da a este lugar una dimensión distinta. Un cementerio católico no es, en sentido estricto, un simple terreno municipal: es tierra bendecida. El Derecho Canónico establece que estos recintos se convierten en «lugares sagrados» mediante la bendición del obispo, un acto que los sitúa, formalmente, en una categoría distinta a la de cualquier otro suelo. La propia norma canónica prevé que esa condición se pierde cuando el terreno se destina de manera definitiva a un uso profano, como ha ocurrido aquí.
Así que, en rigor jurídico-religioso, el parque dejó de ser sagrado el día en que se convirtió en parque. Pero conviene no confundir la letra de la norma con la memoria de un pueblo: lo que el derecho canónico da por extinguido no siempre se extingue en la conciencia colectiva ni, quizás, bajo la propia tierra. Aunque el recuerdo colectivo haya olvidado o, simplemente, ignore.
Todo esto no busca inquietar a quien hoy pasea tranquilamente bajo sus árboles, ni convertir el parque en un lugar tétrico. Al contrario: es precisamente porque hoy es un espacio vivo, lleno de gente y de presente, por lo que merece la pena recordar lo que fue. Las ciudades no crecen sobre el vacío, sino sobre capas de historia, de decisiones administrativas (amparadas por la voluntad colectiva o por decisiones políticas), de olvidos y de silencios. Lo que hoy es un parque fue, para generaciones anteriores, el lugar donde se lloraba a los muertos. Y quizás alguno de ellos siga ahí, olvidado bajo el césped.
El Parque Juan XXIII resume bien esa forma silenciosa en que San Vicente ha crecido sobre sí mismo. Desapareció como cementerio, pero no está del todo claro que haya desaparecido como camposanto. Y esa duda, más que inquietar, invita a mirar el lugar con otros ojos: allí donde hoy se pasea, antes se rezaba por los difuntos. Y puede que, en algún rincón bajo el césped, la tierra recuerde todavía aquella bendición.
