Alberto Beviá Orts Representante de Esquerra Unida en el Grupo Municipal EU-UP
San Vicente del Raspeig supera ya los 60.000 habitantes. Una ciudad viva, joven y en constante crecimiento que, sin embargo, sigue arrastrando carencias inaceptables en servicios básicos. La falta de un servicio de urgencias pediátricas en nuestro municipio no es solo una demanda histórica de las familias sanvicenteras; es una necesidad asistencial de primer orden que choca frontalmente con la falta de inversión del PP desde la Generalitat Valenciana en nuestra sanidad pública.
Hace meses, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad —a propuesta de Esquerra Unida – Podem— exigir a la Conselleria de Sanidad la implantación de este servicio. El acuerdo contaba con el respaldo de todos los partidos, incluido el Partido Popular. Sin embargo, el equipo de gobierno del PP ni siquiera ha enviado el documento a la Conselleria, según confirmó el alcalde en el último Pleno. Una parálisis flagrante que demuestra que la sanidad pública no es una prioridad para el gobierno municipal de PP y Vox.
Frente a esta inacción, suelen escudarse en la «inviabilidad» económica o en que los recursos humanos dependen de la Generalitat. Pero la realidad es que mantener la situación actual genera, paradójicamente, un doble gasto absurdo para la propia administración.
El procedimiento actual es tan ineficiente como costoso. Pongamos un ejemplo real: cuando un menor se pone enfermo un fin de semana o de madrugada, y sus padres acuden a las urgencias del centro de salud de San Vicente, al no haber un pediatra de guardia, el médico general realiza una primera atención. Ante la lógica necesidad de una valoración especialista, el niño acaba siendo derivado al Hospital de Alicante. ¿Qué significa esto? Primero, el coste de la atención y el triaje en San Vicente; segundo, el gasto logístico del traslado; y tercero, una nueva atención completa (personal médico, administrativo y recursos) en unas urgencias hospitalarias ya colapsadas.
Es decir, la administración paga dos veces por resolver un mismo caso clínico, duplicando la burocracia y el gasto estructural, mientras somete a la familia a un calvario innecesario. Centralizar un pediatra de urgencias en nuestro municipio optimizaría los recursos públicos y evitaría derivaciones masivas al hospital de referencia.
No es un problema de viabilidad; es, simple y llanamente, una falta de voluntad política. 60.000 habitantes bien merecen un pediatra de urgencias. Desde Esquerra Unida exigimos al alcalde que saque el acuerdo del cajón, lo traslade de inmediato a Conselleria y cumpla con la palabra dada al Pleno y a la ciudadanía.
