Alberto Beviá, concejal de Esquerra Unida en el grupo municipal EU-UP, considera que la decisión debilita la protección pública de las personas más vulnerables y responde a intereses partidistas, no a criterios de eficacia administrativa.
Esquerra Unida de Sant Vicent del Raspeig critica la decisión del Gobierno valenciano de PP y VOX de suprimir la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia e integrar sus competencias en la Conselleria de Justicia. Una medida que supone restar peso político e institucional a unas políticas públicas esenciales y que evidencia el lugar secundario que este Consell concede a la protección social.
“No estamos ante un simple cambio de organigrama. Estamos ante una decisión política que debilita la capacidad de planificar, coordinar y garantizar los derechos sociales. Los servicios sociales necesitan una Conselleria propia, con presupuesto, dirección política y capacidad de decisión. No pueden convertirse en un departamento subordinado”, ha manifestado Beviá.
Desde la formación de izquierdas consideran especialmente grave que esta supresión se produzca tras la salida de la anterior consellera para encabezar una candidatura electoral. “El PP ha aprovechado una necesidad de reorganización interna de su partido para eliminar un departamento fundamental. Una vez más, los intereses partidistas se anteponen a las necesidades de la ciudadanía”.
Además, los profesionales y las organizaciones sindicales del sector han advertido de las consecuencias que puede tener esta reorganización: retrasos en expedientes de dependencia, Renta Valenciana de Inclusión y ayudas de emergencia, incertidumbre en la contratación de residencias y centros de día y dificultades para garantizar la financiación y continuidad de las entidades del tercer sector.
“No se puede jugar con la estabilidad de un sistema del que dependen miles de personas mayores, personas con discapacidad y familias vulnerables. Los servicios sociales no son un gasto prescindible: son derechos que deben garantizarse con recursos y responsabilidad política”, señala Beviá.
Esquerra Unida advierte también de que cualquier bloqueo en la gestión autonómica acabará repercutiendo en los ayuntamientos, que constituyen la primera puerta de acceso de la ciudadanía a los servicios sociales y ya soportan una importante presión asistencial.
Frente a esta decisión, Esquerra Unida defiende recuperar una Conselleria propia de Servicios Sociales, reforzar la financiación pública, garantizar el carácter de derecho de las prestaciones sociales y apostar por unos servicios públicos con plantillas dignas y recursos suficientes.
“Lo que está en juego no es el nombre de una Conselleria, sino el modelo de sociedad que queremos. PP y VOX pueden reorganizar sus departamentos como consideren, pero no pueden relegar la protección de las personas a un segundo plano. Los derechos sociales deben estar por encima de los intereses partidistas y de cualquier cálculo electoral”, concluye Beviá.
