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A PROPÓSITO DE BUITRES

José Enrique de Tomás Sánchez

A estas alturas resulta obvio hablar del monumental escándalo formado alrededor de los así llamados “fondos buitre”. Pero creo de justicia aportar algo más de información, que espero contribuya a clarificar el origen de la recientemente sobrevenida indefensión de la ciudadanía frente a los también recientes buitres, aplicando a la “pérdida”, más bien robo sin paliativos, de sus viviendas. Me explicaré, y vaya por delante que no soy jurista y que lo que sigue es el producto directo de mis intentos de llegar a las raíces del problema de hoy, y de mi opinión de ignorante ciudadano raso. Va por el avispado lector:

El día 16 de agosto de 1889 (sí, hace casi siglo y medio) se incorporó al Código Civil español una vital protección del ciudadano frente a la rapiña de especuladores (entonces aún no habían nacido los buitres) por la vía de la inserción del artículo 1535; ese artículo establece que “cuando un acreedor (normalmente. hipotecario) venda los derechos a otra parte (un especulador), el hipotecado tiene derecho a recomprar a este último los derechos enajenados por el mismo precio de la venta, más los intereses a que hubiera lugar”. Es el derecho de retracto. Ese artículo procede directamente del Derecho Romano, allá por los tiempos del Rey Pepet (el Emperador Anastasio, en realidad), hace más de 2000 años.

Así que los derechos de los ciudadanos frente a los especuladores estaban protegidos por la ley… hasta hace bien poco. En lo que sigue voy a citar nombres y apellidos de algunos jueces porque fueron ponentes de sentencias públicas que están a disposición de quien las quiera consultar.

Sucedió que, ya entrado el siglo XXI, algunos bancos, sin duda grandes amigos de la Humanidad, decidieron ganar dinero (lo de ganar es un eufemismo) a espuertas a la salud de los ciudadanos que querían adquirir una vivienda; así vinieron las famosas “hipotecas basura”, de moda tan americana como la cocacola: los bancos concedían préstamos de locura y exceso a personas “ninja” (no incomes, no job; ni ingresos ni trabajo); como los hipotecados no podían pagar, se inventaron los “Certificados de Depósito”, en los que las hipotecas se titulizaban junto a otros activos financieros a nombre de terceras entidades (los fondos buitre), que los compraban por cantidades muy inferiores a su valor nominal (usualmente, entre el 4 y el 7% del precio por el que compraba el hipotecado); es decir, que una casa de 100.000 dólares era vendida por los bancos y comprada por los buitres (y solo por los buitres, nunca por el ciudadano) por entre 4000 y 7000. Ahí tuvieron mucho que ver algunas compañías de seguros… pero bueno, eso es para otro día. La crisis de las hipotecas arrastró las economías domésticas en todas partes: ellos ganaron (los banqueros también, otro día explico cómo), nosotros perdimos. El reconocido financiero W. Buffet llamó a esa traición, a esa basura, “auténticas armas de destrucción masiva (de la sociedad, claro)”.

Eso se trasladó a España. Pero aquí había un matiz: la protección del derecho a oponerse a una especulación violenta por parte del hipotecado: si el banco ha vendido los derechos de mi hipoteca de 100.000 euros por 5.000, yo lo compro por ese mismo precio, más intereses y nadie especula con mi desgracia o mi sangre. Pero héteme aquí que un día, un juez del Supremo llamado Sebastián Sastre Papiol fue ponente de una sentencia (STS 1656/2015; sin votos particulares que me consten), que aniquilaba el derecho de retracto frente a la especulación de, ahora ya sí, fondos buitre, contra el ciudadano de a pie en la trasmisión de carteras de activos de ese estilo (“transmisiones en bloque”, es decir, titulizaciones masivas de activos financieros por parte de los bancos a favor de buitres); de modo que así negaba el derecho histórico institucional del consumidor frente a los especuladores que se hicieran con su propiedad.

La cosa estaba entre dos aguas hasta que el juez del Supremo Juan María Díaz Fraile actuó como ponente de la STS 505/2020, que aborda expresamente la venta de una cartera de créditos por un precio único, sin desglose del precio correspondiente a cada crédito y excluye definitiva y específicamente el ejercicio del derecho de retracto en estos casos. Y alega abiertamente que esas cositas se hacen para el “saneamiento del balance de los bancos”. Y a los ciudadanos, que les den por donde amargan los pepinos. Protección individual bajo el 1535, a la basura. Hace falta tener cierta clase de entrañas… Esa sentencia sentó jurisprudencia, es decir, doctrina (no me constan votos particulares en contra). Y se ve que las doctrinas no se pueden discutir, porque son absolutamente ciertas y son ya “pa siempre”.

Sin esas sentencias y su jurisprudencia, que según sus propias argumentaciones van frontalmente en contra de los intereses de las personas para favorecer exclusivamente a los ya mencionados beneficiarios (los curiosos pueden consultarlas libremente: son públicas), hoy los buitres no tendrían dónde caerse muertos en España.

Para que nos entendamos: el artificio consiste en decir que, como se ha vendido todo en un paquete con un precio único cerrado (en el que ni usted ni yo hemos intervenido para nada, porque nadie nos ha dado opción), “no es posible” individualizar cada uno de los activos que lo componen. Probablemente, a los jueces en cuestión les faltaban unas nociones básicas de aritmética y el simple concepto de la bendita regla de tres, para comprobar que ¡oh, cielos!, la individualización no solo es posible, sino facilísima: sencillamente elemental.

Y como no se puede ser tan zoquete, tendríamos que buscar la explicación en otro lado, fuera de la aritmética. Así que seguimos escarbando un poco más. Y resulta que el 29/11/2012, el diario Público declaraba que “El CGPJ nombra a un ‘bancario’ que juzgará las preferentes” (¿se acuerdan de las preferentes?) y desvelaba que el tal Sebastián Sastre Papiol es “hombre de confianza” de Isidro Fainé (el capo de La Caixa); Sastre Papiol había sido asesor jurídico de esa entidad. Las cosas me van cuadrando.

Por otra parte, los nombramientos, tanto de Sastre Papiol como de Díaz Fraile, no fueron una promoción automática ni una elección entre magistrados de carrera. Los nombramientos dependieron directamente de una decisión discrecional del CGPJ, cuyos miembros están a su vez propuestos por… ¡Sorpresa!: Los partidos políticos, que se los reparten como en una timba de buenos amiguetes, claro está. Y yo me pregunto: ¿Qué garantías de independencia material existen cuando quienes nombran a los magistrados son elegidos mediante pactos oscuros y cuotas entre partidos políticos, no entre jueces, y cuando algunos candidatos proceden directamente de ámbitos profesionales con intereses económicos afectados por la jurisprudencia que van a elaborar? Que cada cual la responda según su criterio.

El resumen es que se prefiere abiertamente la protección de bancos y sicarios, especuladores y buitres, frente a la que secularmente venía garantizada al ciudadano por el Derecho Romano, a todas luces mucho más saludable y ético que el actual. Y en esas estamos. No en vano, Tácito dijo en el siglo II “Corruptissima re publica plurimae leges (cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes)”.

Ese es el estado de cosas al que nos han conducido, conducen y conducirán políticos de toda grey y color, muchos de ellos con los mismos escrúpulos que Jack El Destripador, entrometidos en lo que no les compete y que meten mano a las partes más pudendas del Poder Judicial con sorprendente descaro. Pero seguimos, como buenos adocenados, sin reaccionar, permitiéndoles con nuestra pasividad que sigan jugando a su juego y emputeciendo las instituciones a su antojo. Probablemente estamos demasiado dormidos. O demasiado cómodos. O somos demasiado imbéciles.

Una frase final: “Quienquiera que sea […] que intente invadir por la fuerza los derechos del pueblo […] es culpable del mayor crimen que puede cometer un hombre y deberá responder por todos los males de sangre, saqueo y devastación, que la destrucción de los gobiernos acarrea a un país” (John Locke, Segundo Tratado de Gobierno, cap. XIX, 1690).

Y recordemos y no olvidemos: todo esto ha causado hasta el día de hoy muchas muertes por suicidio en España. Alguien tiene las manos manchadas de esa sangre. O eso, o es que, tonto de mí, lo que aplica es el “entre todos la mataron y ella sola se murió”.

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