La parcela fue dividida en varias subparcelas donde se instalaron estructuras utilizadas como vivienda
Los investigados son copropietarios del terreno, clasificado como no urbanizable
La Guardia Civil recuerda que comprar una vivienda ilegal supone asumir riesgos económicos, legales y de seguridad, que pueden derivar en demoliciones, sanciones y pérdida total de la inversión
25 de marzo de 2026.- La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones en materia de ordenación del territorio, ha investigado a 25 personas por su presunta implicación en un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo en la partida de Baiona Baixa, en el término municipal de Mutxamel (Alicante).
La investigación se inició en julio de 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento de posibles actuaciones urbanísticas irregulares en una parcela rústica clasificada como suelo no urbanizable.
Tras las primeras inspecciones, los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de Jijona comprobaron que el terreno, de más de 12.000 metros cuadrados, había sido dividido en 14 subparcelas de menor tamaño, en las que se habían instalado diferentes estructuras, como casas móviles y contenedores, utilizadas como vivienda, lo que suponía un cambio del uso del suelo de agrícola a residencial sin contar con la correspondiente autorización.
Las gestiones practicadas permitieron identificar a un total de 25 personas, de entre 25 y 67 años, todas ellas copropietarias del terreno principal, que habrían participado en la ocupación y uso de estas subdivisiones irregulares.
La investigación, que se ha desarrollado durante aproximadamente seis meses, ha sido remitida a la autoridad judicial competente, que continúa con la instrucción de la causa.
La Guardia Civil recuerda que la adquisición o uso de terrenos en suelo no urbanizable para fines residenciales puede conllevar importantes consecuencias legales, económicas y administrativas, incluyendo sanciones, órdenes de restitución de la legalidad urbanística o la demolición de las construcciones realizadas. Además, este tipo de construcciones irregulares carecen de garantías técnicas y urbanísticas, lo que puede ocasionar daños materiales severos y dificultar el acceso a servicios básicos como el agua, la electricidad o el saneamiento.
