Alberto Beviá concejal de Esquerra Unida, grupo municipal EU-UP, en el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig ha calificado hoy de «auténtico hachazo social y flagrante ninguneo institucional» la propuesta de concesión de ayudas para el empleo público provisionalmente publicada por LABORA (Conselleria de Educación, Universidades y Empleo). A pesar de la supuesta «sintonía ideológica» de la que presume el alcalde, José Rafael Pascual Llopis, al gobernar bajo las mismas siglas del Partido Popular en el Ayuntamiento y en la Generalitat Valenciana, las cifras oficiales demuestran que nuestro municipio ha sido castigado con un drástico recorte del 81% en los fondos para la contratación pública de jóvenes y mujeres vulnerables.
Los datos de la propuesta provisional para los programas de fomento de empleo EMCORP 2026 (dirigido a la contratación de menores de 30 años) y EMDONA 2026 (dirigido a mujeres desempleadas, preferentemente mayores de 45 años) muestran una diferencia demoledora entre lo que el Ayuntamiento de Sant Vicent aseguró que necesitaba y lo que finalmente se le ha concedido:
Programa EMCORP 2026 (Jóvenes): El Ayuntamiento solicitó un presupuesto de 209.383,20 € para la contratación de 9 jóvenes desempleados durante 10 meses a jornada completa. Sin embargo, la propuesta de reparto de la Generalitat deja la ayuda en apenas 37.047,86 €, lo que representa un devastador recorte de 172.335,34 € (un 82,3% menos de lo solicitado).
Programa EMDONA 2026 (Mujeres): Se solicitó un total de 186.118,40 € para formalizar los contratos de 8 mujeres desempleadas. La resolución autonómica propone tan solo 37.992,50 €, ejecutando un recorte de 148.125,90 € (un 79,6% menos de lo requerido).
Un demoledor bloqueo a servicios públicos que se anunciaban como «urgentes». En los decretos firmados el pasado mes de abril, el alcalde justificó la necesidad de estos 17 contratos laborales temporales basándose en el «carácter de excepcionalidad, inaplazable y de urgente necesidad» para el funcionamiento municipal. Al darnos este portazo la Generalitat, varios de los proyectos redactados por las propias concejalías se verán muy perjudicados, y de seguir adelante el coste debe asumirlo el Ayuntamiento.
