Tribuna de Eugenio Toledo
Más de diez mil personas llenamos este martes las calles de Alicante para defender la
educación pública. Docentes, familias, alumnado. También muchos vecinos y vecinas de Sant
Vicent del Raspeig. No era una movilización simbólica ni una protesta aislada. Era la expresión
clara de un malestar creciente, de un hartazgo patente.
Y, sin embargo, en el último pleno municipal de Sant Vicent del Raspeig, el equipo de gobierno
sostuvo que todo funciona correctamente en materia educativa. Que no existen problemas
relevantes en nuestros centros. Que no hay elementos de riesgo que justifiquen las medidas
adicionales que propuse, como concejal del PSOE San Vicente, para garantizar centros
educativos públicos dignos, inclusivos y bien dotados.
Para defender su voto en contra, el equipo de gobierno recurrió a un argumento
aparentemente sólido, los datos.
Cifras sobre ratios, estadísticas sobre recursos, interpretaciones numéricas de la realidad
educativa. Un discurso largo, detallado y cuidadosamente construido, pero también
profundamente desconectado de lo que ocurre cada día en las aulas y de lo que siente nuestra
comunidad educativa.
Quienes gobiernan Sant Vicent del Raspeig parecen creer que la educación se puede explicar
en porcentajes pero no, la Educación no se explica, se vive.
Se vive en aulas donde el calor es difícilmente soportable en los meses de mayo, junio y
septiembre, afectando directamente al bienestar y al rendimiento del alumnado.
Se vive en centros donde los problemas de convivencia requieren más recursos, más
prevención y más acompañamiento del que actualmente se dispone, aunque los datos den
otra información.
Se vive en situaciones en las que las sustituciones del profesorado no siempre se cubren con
la rapidez necesaria, desajustando el proceso educativo.
Se vive en aulas con ratios que, aunque puedan ajustarse a la norma, impiden una atención
individualizada real.
Y también se vive en decisiones que afectan al equilibrio lingüístico, donde el tratamiento del
valenciano genera preocupación en parte de la comunidad educativa por el riesgo de
retroceso en su uso y normalización.
Nada de esto es una exageración. Es la realidad cotidiana que trasladan docentes, familias y
equipos directivos y la prueba fue la manifestación de este martes pasado.
Desde el equipo de gobierno, en ese pleno, negaron la realidad evidenciando su desacierto
diagnóstico y desatendiendo el problema.
Porque cuando más de una decena de miles de personas salen a la calle bajo el lema “Nos
sobra vocación, nos faltan apoyos y recursos”, no están cuestionando las estadísticas. Están
cuestionando la distancia entre los datos y su experiencia diaria, están confirmando la
precariedad laboral en la que trabajan.
Sant Vicent del Raspeig no es ajeno a esa realidad. Necesita aulas a menos de 27°, más
docentes bien pagados, menos alumnado por aula y atender a los problemas de convivencia y
de inclusión para mejorar la calidad educativa.
Desde la experiencia en mediación de conflictos educativos se extrae una conclusión clara, los
problemas que no se reconocen no desaparecen. Se acumulan, se intensifican y terminan
afectando a la convivencia, al clima escolar y, en última instancia, a las oportunidades del
alumnado y al bienestar de nuestra comunidad educativa.
Por eso, el verdadero problema no es que existan dificultades en nuestro sistema educativo.
El verdadero problema es negarlas.
La educación pública no necesita discursos estadísticos que tranquilicen.
La Educación en Sant Vicent del Raspeig necesita políticas que respondan a la problemática
de nuestros centros educativos.
Salimos a la calle a protestar por esta problemática, ignorar la protesta no la hace desaparecer,
la hace más visible, más fuerte.
