El modelo de privatización y adjudicaciones del Partido Popular ha vuelto a costar caro a los vecinos y vecinas de San Vicente del Raspeig. La reciente rescisión del contrato del Complejo Deportivo Sur – Velódromo no es más que la crónica de un fracaso anunciado; un fiasco que la izquierda, con Esquerra Unida a la cabeza, ya denunció en el pleno de septiembre de 2014.

En aquel momento, el rodillo de la mayoría absoluta del PP —liderado en la propuesta por el entonces concejal de Deportes y actual alcalde, José Rafael Pascual— aprobó la adjudicación de la gestión deportiva a la mercantil JOSECTOR JUAN LUIS S.L. Una decisión que se tomó ignorando deliberadamente las advertencias de la oposición y de los propios informes técnicos, que ya calificaban la oferta como «arriesgada».

Una empresa de tabaco y ropa para gestionar el deporte local
Desde Esquerra Unida se denunció con contundencia la irracionalidad de entregar un complejo de casi 6 millones de euros a una empresa cuyo objeto social no tenía absolutamente nada que ver con el deporte, sino con la hostelería, el comercio de bebidas y tabaco, el negocio inmobiliario y la confección de ropa.
El pliego del PP, además, blindaba a la empresa socializando hasta el 50% de sus pérdidas si superaban el 20%, y carecía de mecanismos para penalizar el hecho de que no invirtieran el medio millón de euros comprometido el primer año. Un auténtico «negocio redondo» a costa del dinero público.

El varapalo de la Sindicatura de Cuentas
La temeridad del Partido Popular quedó totalmente acreditada en 2015 por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. El órgano fiscalizador determinó de manera tajante que la sociedad debería haber sido excluida de la licitación y que el proceso tendría que haber quedado desierto. El informe ratificó punto por punto las críticas de la izquierda, evidenciando que las cuentas y el IAE de la empresa eran totalmente ajenos a la gestión deportiva.

Ante este escenario, se hace más evidente que nunca la necesidad de apostar de manera firme y decidida por la gestión pública directa de las instalaciones municipales. Los servicios públicos esenciales no pueden ser un nicho de negocio para empresas especuladoras ni un tablero de favores políticos. El Ayuntamiento debe dotarse de los recursos necesarios para rescatar el complejo y asegurar que las escuelas deportivas, el gimnasio y el Velódromo funcionen bajo el control público y en beneficio exclusivo de la ciudadanía de San Vicente.