Los vecinos de la urbanización de Salafranca, en Sant Joan d’Alacant, denuncian que llevan más de seis meses soportando continuos vertidos de agua que anegan varias calles de la zona sin que, por el momento, las distintas administraciones implicadas hayan encontrado una solución definitiva al problema.

Las inundaciones afectan principalmente a la avenida del Instituto, la calle 8 de Marzo, la calle Roberto Mira y llegan incluso hasta la avenida del Comtat de Fabraquer, donde el agua permanece estancada durante largos periodos de tiempo, generando malos olores, proliferación de mosquitos y numerosas molestias para los residentes, especialmente durante los meses de verano.

El origen de esta situación se encuentra en unas filtraciones de agua procedentes, según la información municipal, de una conducción subterránea perteneciente a la Comunidad de Regantes. Para evitar que estas filtraciones afectaran a la estructura del túnel de la autovía, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ejecutó una canalización superficial de hormigón —una rígola— que recoge el agua y la conduce hasta la vía pública.

Sin embargo, esta actuación ha trasladado el problema desde la infraestructura viaria hasta las calles del entorno urbano, donde los vecinos conviven desde hace semanas con balsas de agua permanentes que dificultan el tránsito y favorecen la aparición de insectos.

La problemática no es nueva. Según recoge el expediente municipal, el Ayuntamiento detectó los primeros vertidos el 21 de enero, cuando comprobó que el sistema de drenaje situado en la cubierta de la A-7 vertía agua a cielo abierto sobre los viales municipales. Apenas dos semanas después, el 4 de febrero, la Policía Local emitió un informe alertando del riesgo para la seguridad vial y peatonal, especialmente por la proximidad del CEIP Rajoletes, levantando además un acta de denuncia por infracción de la Ordenanza Municipal de Vertidos.

Posteriormente, informes técnicos municipales emitidos el 20 de febrero y el 26 de marzo confirmaron la existencia de los vertidos, la ausencia de autorización para conectar esas aguas a la red municipal de saneamiento y la necesidad de adoptar medidas correctoras de forma inmediata. Desde entonces, el Ayuntamiento remitió sucesivos requerimientos a la Unidad de Carreteras del Estado los días 25 de febrero, 30 de marzo y 15 de mayo, instando al vaciado del arquetón, la eliminación de focos de proliferación de mosquitos, el cese de los vertidos y la adopción de medidas que evitaran el estancamiento del agua.

Lejos de solucionarse, la situación fue agravándose. Los informes incorporados al expediente indican que los vertidos continuaban afectando a las inmediaciones del CEIP Rajoletes y a distintos viarios municipales, provocando acumulaciones de agua, arrastres de materiales, proliferación de insectos y riesgos tanto para la circulación de vehículos como para los peatones.

Además, el expediente incorpora los análisis realizados por Aguas Municipalizadas de Alicante, que concluyen que las aguas presentan parámetros compatibles con contaminación orgánica y compuestos nitrogenados, existiendo indicios de riesgo para la salubridad pública.

Cruce de competencias

Ante esta situación, la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant emitió un decreto requiriendo al Ministerio por la construcción de la canalización. El 15 de junio, además, denegó expresamente la autorización solicitada por la Unidad de Carreteras para conectar esos vertidos al alcantarillado municipal y volvió a ordenar el cese inmediato de los mismos.

Tres días después, el 18 de junio, el Ayuntamiento incoó oficialmente un procedimiento sancionador contra la Unidad de Carreteras de Alicante y acordó medidas cautelares para obligar al cese de los vertidos.

La respuesta del departamento estatal llegó el 29 de junio, mediante un escrito de alegaciones en el que sostiene que el origen del agua no se encuentra en una infraestructura de la autovía, sino en una conducción perteneciente a la Comunidad General de Regantes de Riegos de Levante, ubicada en el término municipal de Mutxamel. Según el Ministerio, las actuaciones realizadas se limitaron a interceptar esas filtraciones para evitar daños estructurales en el túnel y, por tanto, considera que tanto las medidas cautelares como el procedimiento sancionador deberían dirigirse contra los titulares de esa conducción.

El Ayuntamiento, sin embargo, rechazó íntegramente estas alegaciones. El decreto municipal sostiene que, independientemente del origen inicial del agua, los vertidos que llegan a la vía pública se producen desde el arquetón construido por la propia Unidad de Carreteras y que ésta no ha adoptado ninguna medida eficaz para evitar que esas aguas acaben vertiéndose sobre el dominio público municipal.

No obstante, la situación plantea un interrogante que continúa sin respuesta: si el propio consistorio identifica que el origen del problema se encuentra en una conducción de la Comunidad de Regantes ubicada fuera del ámbito de actuación del Ministerio, ¿por qué no se actuó desde un primer momento, o de forma paralela, sobre la causa de las filtraciones en lugar de centrar inicialmente el requerimiento en la canalización ejecutada por Carreteras?

Propuesta de sanción

La propuesta de resolución firmada el 10 de julio mantiene el procedimiento sancionador y considera que la Unidad de Carreteras ha incumplido reiteradamente todos los requerimientos municipales formulados durante los últimos meses, así como las medidas cautelares acordadas en junio.

El Ayuntamiento califica los hechos como una infracción muy grave, al entender que los vertidos han provocado un deterioro de las infraestructuras municipales y han generado riesgos para la salud pública, la seguridad vial y el tránsito peatonal. Asimismo, aprecia la agravante de reiteración por mantener la situación pese a los sucesivos requerimientos municipales.

Por ello, propone imponer a la Unidad de Carreteras una multa de 3.000 euros, la cuantía máxima prevista en la Ordenanza Municipal de Vertidos. Además, advierte de que, con independencia de la sanción económica, podrá exigir la reparación íntegra de todos los daños ocasionados y adoptar nuevas medidas coercitivas si el problema persiste.

Reunión para buscar una solución

Paralelamente, el Ayuntamiento sí ha solicitado a la Comunidad de Regantes un informe técnico que confirme la existencia de la conducción subterránea y ha propuesto mantener una reunión conjunta entre el propio consistorio, la Comunidad de Regantes y la Demarcación de Carreteras con el objetivo de coordinar una solución definitiva.

Mientras las administraciones intercambian informes, competencias y alegaciones, los vecinos continúan soportando las consecuencias del problema. Más de dos meses después del inicio de los vertidos, el agua sigue acumulándose en las calles, con el consiguiente riesgo sanitario derivado del agua estancada, la proliferación de mosquitos y los malos olores, además del deterioro que provoca en el entorno urbano.

Los residentes reclaman que las distintas administraciones dejen a un lado el debate competencial y actúen de forma coordinada para poner fin a una situación que consideran «insostenible» y que afecta diariamente a la calidad de vida de decenas de familias de esta zona de Sant Joan d’Alacant.