El proceso para cubrir ocho plazas de Oficial de Policía en San Vicente queda pendiente de los tribunales

Los agentes que recurrieron el procedimiento cuestionan los criterios aplicados en la fase psicotécnica y defienden que se revisen las pruebas del proceso selectivo. El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Administración Pública (SITAP), que representa a los demandantes, reclama que se esclarezcan las circunstancias que rodearon la convocatoria.

El proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para cubrir ocho plazas de Oficial de la Policía Local ha llegado a los tribunales después de que varios agentes que no superaron la convocatoria hayan presentado un recurso contencioso-administrativo contra el procedimiento.

La convocatoria contemplaba cinco plazas mediante promoción interna, dos por movilidad y una por procedimiento interadministrativo. El procedimiento se encuentra ahora bajo revisión judicial después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo haya admitido la demanda presentada por los agentes afectados.

Los demandantes sostienen que se produjeron irregularidades en el desarrollo y valoración de las pruebas, con especial atención a la fase psicotécnica. Entre las cuestiones que plantean se encuentran los criterios utilizados para establecer las puntuaciones y los baremos aplicados en esta parte del proceso.

Desde el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Administración Pública (SITAP), formación a la que pertenecen los agentes demandantes, se ha decidido hacer pública su posición ante un asunto que consideran relevante para garantizar la transparencia y las garantías de los procesos selectivos de la Administración.

Desde el SITAP en San Vicente del Raspeig, explican que los trabajadores afectados han recurrido a la vía judicial después de no superar el proceso y que será ahora la Justicia la que deberá determinar si las actuaciones cuestionadas se ajustaron a las bases de la convocatoria y a la normativa aplicable.

La admisión de la demanda supone que las cuestiones planteadas por los opositores serán examinadas dentro del procedimiento contencioso-administrativo. Los agentes pretenden que se analicen las circunstancias que rodearon las pruebas y, en particular, los criterios empleados en la evaluación psicotécnica que consideran determinante en el resultado final.

El sindicato insiste en que su intención es que el procedimiento se esclarezca por las vías correspondientes y que sean los tribunales quienes determinen si existieron o no las irregularidades denunciadas.

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