Opinión

Ángel Sánchez

La Ministra portavoz del Gobierno del Estado ha hecho un anuncio muy interesante: el gobierno va a aprobar una nueva Ley de la Administración Pública. La Ministra ha afirmado: (textualmente) «Necesitamos niveles de coordinación más eficaz en la Administración General del Estado», ha señalado Calvo, que ha dicho que se reformarán también las leyes de contratos del Estado, la ley presupuestaria, la de subvenciones y la del régimen jurídico del sector público. «Seremos garantes, pero seremos eficientes»..

            La tradición en cuanto al estudio de la administración y sus actuaciones se ha centrado en el Derecho administrativo. Su estudio desde éste enfoque se centra en la búsqueda de instrumentos jurídicos, en el marco del Estado de derecho, para el cumplimiento de sus fines. Pero éste enfoque explica el deber ser, pero no el ser real de la administración. La Ciencia política y de la Administración se centra en el estudio de los procesos y los resultados en cuanto a las decisiones desde el análisis del poder y la legitimidad, evidentemente sin desconocer ni olvidar la legalidad.

            El entramado burocrático está bajo la dirección del Gobierno con dos objetivos: servir a los intereses generales, con imparcialidad y respeto a la legalidad, y el desarrollo programático de las políticas públicas emanadas de la legalidad conferida al gobierno constituido democraticamente. Y éste entramado burocrático es la “caja de herramientas” ( no la única) que tiene a su disposición la política para gestionar de forma eficiente y eficaz los problemas de la ciudadanía y desarrollar los acuerdos emanados del gobierno, pero también de otro órgano que reúne la representatividad de esos intereses generales a través de los representantes elegidos democraticamente: el Pleno municipal.

            Este, de alguna manera podría ser el marco conceptual pero, ¿qué piensa o que siente la ciudadanía respecto a la administración?. En términos generales, la ciudadanía ve a la administración como un “problema” para sus problemas. Y, siendo cierto que la actuación de la administración debe ceñirse a principios, protocolos y procedimientos, ¿son éstos los más adecuados para resolver con diligencia los problemas de una ciudadanía que, en demasiadas ocasiones, se siente supeditada a esos protocolos y procedimientos?.

            He sido testigo de la transformación sufrida por nuestra administración local desde principios de la década de los 90 del pasado siglo, teniendo en cuenta que que la administración municipal salia de la dictadura con profundas deficiencias y carencias. Y éstas ,motivaron una intento de organización centrada en  la modernización y adecuación de la estructura administrativa a los nuevos tiempos.

            Pero ese esfuerzo (liderado por el que fuera Secretario municipal, D. Vicente Boix) llegó hasta la entrada en el gobierno de la derecha local en 1995, fecha a partir de la que se inicia una demolición controlada del trabajo realizado hasta entonces. Las diferentes organizaciones y reorganizaciones carecieron de objetivos pese a contar con los medios; al personal municipal se le empujó a una lucha interna por beneficios individuales (un conjunto de agregados desconectados e incluso enfrentados unos a otros en un contexto endogámico) sin existir un objetivo explícito de compromiso con la mejora del servicio a la ciudadanía. Pero no sólo hay que referirse a la actuación del gobierno, sino igualmente de una oposición descentrada y temerosa de asumir su responsabilidad y proponer las reformas y reestructuraciones necesarias. Esto ha propiciado un entramado de difícil compresión que, junto al farragoso procedimiento propicia que la ciudadanía local sienta cada vez más que el problema es, en sí mismo, la propia administración.

            Un problema asociado a la falta de eficacia es la perdida de legitimidad. Personalmente coincido con los  planteamientos sobre éste concepto de Pierre Rosanvallón. La legitimidad de imparcialidad(cumplimiento de la ley) y reflexibidad(control) debe equilibrarse con la de proximidad (gobernanza y participación), pues de lo contrario, la legitimidad de origen que adquieren los representantes políticos seguirá deteriorándose socialmente. Y eso seguirá ahondando en la brecha entre ciudadanía y administración, algo que deteriora, además, la democracia.

            La reorganización de medios, el establecimiento de protocolos y compromisos éticos para con el servicio a la ciudadanía debe contar con el consenso más amplio, pues es la única manera de asegurar su continuidad temporal. Si hoy, una mayoría impone una organización, ésta siempre estará a expensas de cambios, como mínimo cuatrianuales, lo que provocaría una “yenka política” que la seguiría haciendo ineficiente y, por lo tanto, un problema y no una herramienta para mejorar la vida cotidiana de la gente.

            El reto está sobre la mesa, ¿está dispuesta la actual corporación a iniciar un análisis crítico de la actual organización y plantear un plan para reestructurar recursos y medios en paralelo a los cambios que el Gobierno del Estado quiere plantear para acercar la administración al sujeto que le da razón de ser?.