El pleno celebrado en la tarde del miércoles 27 de julio aprobó el nuevo Convenio Tipo de colaboración entre la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para la cesión de los derechos de tanteo y retracto. Un acuerdo que permite la adquisición de viviendas de carácter social y la ampliación del parque público municipal.

El cambio principal, suscrito por el Consell de la Generalitat Valenciana en febrero de 2022, con respecto a la renovación del anterior convenio en octubre de 2021 es la duración del mismo, estableciéndose cuatro años en lugar de uno renovable. Así mismo, el convenio otorga la cesión por parte de la Generalitat de los derechos de adquisición preferente al Ayuntamiento, pero no la delegación de competencias ni la encomienda de gestión. La corporación municipal lo ha aprobó con los votos a favor de PSOE, EU, Podem y Compromís; y los votos en contra de PP, Ciudadanos y VOX.

El alcalde, Jesús Villar, señaló que “este convenio va a permitir adquirir de forma directa, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias, viviendas de carácter social para cubrir las necesidades que demanda nuestro municipio. El Equipo de Gobierno estima muy positiva la experiencia de la reciente renovación del Convenio, pues el consistorio adquirió 3 inmuebles en condiciones de tanteo y una cuarta se encuentra en proceso. Todas ellas eran propiedad de fondos de inversión y ahora pertenecen al parque público de vivienda en beneficio de la ciudadanía”.

Ramón Leyda (Compromís) declaró que “estamos a favor de las políticas de emergencia habitacional, que aportan un horizonte de esperanza a las personas”, destacando que “no podemos dejar a nadie atrás”. En la misma línea, David Navarro (Podemos) se defendió preventivamente de las críticas de la oposición aclarando que “no se puede poner el foco en el Ayuntamiento por ejercer un derecho preferente, hay que ponerlo en quién tiene la obligación de notificar y no lo hace”. Misma sintonía que la mostrada por Raquel Rodríguez (EU), recordando que “todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y los poderes públicos tienen la obligación de ofrecer ese derecho”.

Los grupos de derecha sí mostraron su oposición a este convenio, o al menos a la forma de interpretarlo. Según Isabel Domínguez (Vox), “ha quedado demostrado que hay mecanismos mejores y más justos”, recordando el ejemplo de la Calle Esperanza en la que se privó de la compra a un vecino que ya había realizado todos los trámites previos. “El fin no justifica los medios”, apostilló Domínguez. Más escueto fue Óscar Lillo (PP), que se limitó a recordar que “nosotros recurrimos este convenio al tribunal constitucional y nos mantenemos en la misma postura”. Por su parte, Jordi Roig (Ciudadanos), argumentó que “este gobierno no aplica este instrumento con el espíritu con el que fue creado, perjudicando a los particulares”. Roig expuso que “en otras localidades se han adquirido más viviendas sin aplicar el convenio de manera tan lesiva”, además de considerar “poco razonable que se renueve por cuatro años cuando hay unas elecciones próximas”. Sobre esto último, Villar respondió que “si otro partido gobierna, este convenio no le obliga a nada, sólo tiene que decidir no ejercerlo ni continuar con él”.