• El Alcalde apela a la presunción de inocencia y esperará a un posible juicio oral para tomar decisiones

César Ponce / Somos Raspeig

Vuelven los tiempos de marejada a San Vicente. El fiscal aprecia indicios de delito en la filtración de documentos sensibles en dos grupos paralelos de WhatsApp en los que participaban concejales y militantes del PSOE que eran ajenos al Ayuntamiento. Entre los que podrían declarar se encuentra el concejal de Contratación Guillermo García y la asesora del grupo municipal, y la oposición ha pedido al Alcalde que les aparte de sus competencias.

Pachi Pascual (Ciudadanos) ha explicado que “el concejal de Contratación no puede continuar ejerciendo como tal mientras la Fiscalía investiga la presunta comisión de varios delitos relacionados precisamente con la filtración de documentos confidenciales referentes a mesas de contratación, licitaciones de contratos o información urbanística que se compartían en estos grupos paralelos en los que él participaba junto a otros concejales”.

El portavoz de Ciudadanos ha indicado que “respetando absolutamente la presunción de inocencia de todos los implicados, consideramos que el actual concejal de Contratación, Guillermo García, debe ser apartado provisionalmente de sus competencias al menos hasta que se resuelva el procedimiento judicial que ahora se inicia contra él y otras cinco personas que participaban en esos grupos de Whatsapp”.

Pachi Pascual ha lamentado que “haya tenido que ser la Fiscalía a iniciativa de un particular quien haya dado este paso y no lo haya hecho el alcalde, Jesús Villar, tal y como le venimos pidiendo desde Ciudadanos desde el primer momento, dado que es el Ayuntamiento y sus funcionarios los principales perjudicados en este asunto, y cuando él tenía a su disposición a los servicios técnicos y jurídicos municipales para llevar la iniciativa”.

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos ha reclamado al alcalde que en el caso de que se abra un procedimiento judicial, el Ayuntamiento se persone en el mismo como perjudicado, en defensa de los intereses municipales y de sus funcionarios. Pachi Pascual ha recordado que “en reiteradas ocasiones le hemos pedido al alcalde que solicite los informes jurídicos necesarios para llevar este asunto a la Fiscalía o a la Agencia Valenciana Antifraude, cosa que hasta ahora no ha querido hacer”.

El PP pide el cese para los señalados por Fiscalía

El PP considera responsable al primer edil, “por dejar que esta situación continúe al no cesar a todos los implicados desde un primero momento, y pese a pedirles la dimisión, perdonó e incluso premió a uno de los concejales llamados a declarar ahora por fiscalía, Guillermo García”. 

El Partido Popular Provincial, ya en su día, instó a la fiscalía a que investigara de oficio las contrataciones a las que se hacía referencia en las conversaciones en los grupos de “whatsapp” en los que participaban concejales socialistas.

El portavoz Popular Óscar Lillo manifiesta que se “deje sin competencias Guillermo García, y se cese a la asesora del grupo municipal al igual que hizo con la jefa de prensa, al ser ambos llamados a declarar por la fiscalía en calidad de investigados, junto a otros miembros de la corporación que lo harán en calidad de testigos”.

El Popular se pregunta “qué más tiene que pasar para que se produzcan estas dimisiones y por el contrario siga teniendo en su equipo a este concejal, Guillermo García, en el que además dijo confiar en su último pleno. Villar debería creerse de una vez por todas que es el alcalde de una ciudad de sesenta mil habitantes y tome decisiones en consecuencia” a lo que añade “el alcalde primero les pidió la dimisión y el acta, y después les concede el indulto, que tanto parece gustar a los socialistas, e incluso contradiciéndose a sí mismo, acaba premiando al concejal ahora investigado incrementándole la dedicación, y por tanto el sueldo,  y otorgándole una de las concejalías que está precisamente en el punto de mira, la de Contratación. San Vicente está siendo el hazmerreír en los medios de comunicación, por su dejación de funciones, por no tomar decisiones permitiendo que continuaran en vez de cesarles o retirarles las competencias desde un primer momento. Los vecinos de San Vicente, no se merece ni un minuto más más que estas personas sigan en su cargo”, declara Lillo.

El portavoz popular echa en falta “que fiscalía no llame a declarar también al Alcalde como máximo responsable de este ayuntamiento y como persona que lleva tanto tiempo consintiendo estos hechos, de los que era conocedor, según las declaraciones de su portavoz, Asunción París, la pasada semana en un medio local” señala a su vez “vuelve a sorprendernos la actitud de los socios del equipo de gobierno, Esquerra Unida, a que no hemos oído todavía pronunciarse al respecto” y para concluir “es avergonzante y bochornosa la imagen municipal que está dando este equipo de gobierno, que como suelo insistir, y los hechos cada día me dan más la razón, ni es equipo, ni es gobierno”.

Presunción de inocencia

Preguntado sobre este asunto y sobre las reacciones de PP y Ciudadanos, el primer edil, Jesús Villar, aclara que “en el Ayuntamiento no hemos recibido denuncia ni sentencia”. El alcalde apela a la presunción de inocencia, explicando que “hasta que declaren y haya un juicio oral no tomaremos medidas”.

Villar ya se reunió ayer con los investigados en las reuniones del grupo municipal socialista, donde les avisó que “la primera decisión es de ellos en caso que quieran dimitir, pero si finalmente hay un juicio oral no se puede seguir teniendo un cargo en el Ayuntamiento”. Por tanto, al igual que con los famosos expedientes, por ahora toca esperar.