Ángel Sánchez

Opinión

El capital humano como recurso de la administración para cumplir sus fines constitucionales constituye una política pública en sí mismo. Y para ello, es necesario regular un procedimiento que, desde la transparencia más absoluta de los procesos, garantice la eficiencia y la eficacia en el desarrollo e implementación de las políticas públicas acordadas por la representación democrática de la ciudadanía, amen de velar escrupulosamente por velar por un valor intrínseco, aunque a veces olvidado, de la administración : la seguridad jurídica.  Y de éste principio creo que vamos, como mínimo, un poco justos en lo que se refiere a nuestra administración local ( y a las pruebas me remito: pliegos de condiciones administrativas anulados, indemnizaciones varias a empresas privadas, acuerdos municipales anulados, prorrogas en servicios más allá de lo dispuesto,  situaciones irregulares en el personal amen de sanciones por impagos de la seguridad social,etc).

De nada sirve deshacerse en elogios hacia ese capital humano si no se le presta la atención crítica necesaria.

Lo habitual, por no decir lo normal es que la ciudadanía vea en la administración un problema y una traba. Esto, en mi opinión se debe a la ausencia de una adecuada cultura política en relación a la administración, pero no sólo por parte de la ciudadanía (que es comprensible) sino de los representantes políticos. La opinión ciudadana dominante ve con desconfianza a los trabajadores y trabajadoras públicos, y con recelo y resignación los procesos administrativos.  Y, por si faltase un ingrediente, los medios de comunicación “gozan” poniendo en entredicho a las administraciones afianzando la impresión de que es un problema y que lo eficiente, en contraposición es, indiscutiblemente la empresa privada. ¿Ante ésta desafección e incluso rechazo, ¿qué hacen los responsable políticos?.

En nuestro caso local, creo que ningún grupo político (gobernante o no) ha tenido una idea más o menos clara de qué hacer. Quizá sólo el período dirigido por el Secretario Vicent Boix se aproximó a la construcción de una administración eficiente en sus procesos y eficaz en el desarrollo de las políticas públicas. Pero éste período no le dio a nuestra administración la suficiente solidez, no porque las líneas no estuviesen claras, sino porque los políticos que asumieron el gobierno municipal en un momento determinado creyeron que les era más productiva una administración a “su” servicio que al servicio de los intereses generales. Y de aquellos polvos, quizá los lodos que hoy sufrimos.

Pero la responsabilidad no es sólo de los gobiernos, pues ningún grupo político, de los diferentes que han pasado por las filas de la oposición, han tenido una idea más allá de la “patada adelante” como solución a un cúmulo de problemas que, con el tiempo se han vuelto diversos y de compleja solución. Ningún grupo, ni de derecha ni de izquierda ha creído necesario introducir en el debate político la necesidad de analizar y organizar una administración que, más allá de dar viabilidad a los proyectos del gobierno de turno, asegurase, tanto la eficiencia como la eficacia y, por supuesto, la máxima de la seguridad jurídica. Los grupos políticos no hablan de la administración pese a que de ésta “herramienta” dependen decisiones que afecta, tanto a la vida cotidiana de la ciudadanía como a las generaciones futuras que heredarán, infraestructuras útiles o inútiles, o políticas y programas más o menos efectivos para mejorar su vida y la de sus vecinos.

Una cuestión que parece pasar desapercibida para los políticos es que la administración ( pese a que teóricamente, y por su estatus laboral, es independiente del gobierno de turno) no es “apolítica”. Los y las trabajadores que tienen en sus manos la responsabilidad de implementar las políticas, velando por la ya mencionada seguridad jurídica en un ejercicio de eficiencia relacionada con valores y principios constitucionales, deciden y al mismo tiempo condicionan ,no siempre, en función de las mejores y más eficaces soluciones sino en un ejercicio profesional claramente sesgado. Por ejemplo: los modelos de gestión de los servicios no son neutros: no es lo mismo privatizar o no, externalizar o no. Y es ahí donde el conocimiento técnico se confunde ( a veces) con la decisión ideológica.

La mala cultura política junto a la deficiente cultura administrativa genera una sinergia que no beneficia la productividad (insisto, en cuanto a eficiencia) de la administración. Los políticos, al inhibirse sobre la necesidad de un consenso duradero a medio y largo plazo, están preservando su comodidad; un espacio de confort que ante la no adopción de medidas, perjudica el propio cometido de la administración en relación con los administrados ( ciudadanía) y, además, incluso al propio gobierno que se ve limitado y condicionado en función de determinadas estáticas elevadas a la categoría de normas, ni escritas ni aprobadas. ¿Las soluciones?. Que las políticas de recursos humanos entren en la agenda de los grupos políticos como una prioridad, porque sin la caja de herramientas, poca política es posible a parte de esa especie de vertiginosa sucesión de eventos sin mayor transcendencia que, o el curriculum partidista o lo meramente simbólico, que siendo importante, no supone lo sustancial de las políticas públicas que inciden directamente en la vida de las buenas gentes de nuestro pueblo.