César Ponce / Somos Raspeig

El pleno municipal aprobó por unanimidad que el Ayuntamiento asuma las competencias para llevar a cabo la ampliación del CIPFP Canastell por un importe de 7,6 millones de euros. Pese al consenso, parte de la oposición (todos menos Compromís) dejó patente su rechazo al Plan Edificant.

“Llevamos muchos años esperando y se trata de una inversión muy grande con mucha carga de trabajo municipal. El camino no será corto, pero es importante empezar cuanto antes”, señaló el alcalde y edil de urbanismo, Jesús Villar, quién agradeció a todos los partidos por su apoyo y habló de previsiones que sitúan el final de las obras en 2025. Por tanto, ahora comenzará un largo proceso para licitar y adjudicar la redacción del proyecto, la dirección facultativa de las obras, la licitación y adjudicación de las obras de construcción, etc. De hecho, la propuesta aprobada prevé una partida de solo 500.000 euros para este año, ya que el grueso de la obra no se realizará hasta los años 2024 y 2025 si no se producen retrasos.

Ramón Leyda (Compromís) destacó que “es una buena noticia invertir en Educación”, recalcando que “este es un ejemplo de que Edificant funciona”. David Navarro (Podemos) subrayó que “se trata de una obra muy necesaria”, mientras Alberto Beviá (EU) aclaró que “falta la memoria económica y no nos parece correcto que en caso de una modificación del precio sea el Ayuntamiento quién deba asumirlo”.

El resto de oposición si dejó patente su descontento. Por ejemplo, Mariela Torregrosa (Cs) expresó que “es un proyecto muy necesario y por eso lo apoyamos, pero es evidente que acumula un gran retraso y que no será una realidad hasta al menos 2025 o 2026, lo que evidencia el fracaso del plan Edificant”.

Torregrosa indicó que “la Conselleria de Educación, que es la administración realmente competente para realizar infraestructuras educativas, ha ido demorando esta y otras actuaciones incluidas en el plan Edificant, entre ellas las obras en los gimnasios de los colegios, que tampoco han empezado, mientras pasan los años y las inversiones en materia de educación no llegan a San Vicente”. La concejal de Ciudadanos se mostró muy crítica con las condiciones de esta delegación de competencias debido a que la Generalitat Valenciana no se compromete a asumir todos los gastos que le supondrá al Ayuntamiento la ampliación del Canastell, tal y como advierte en su informe la Intervención municipal. Además, cualquier sobrecoste que se produzca en la ejecución de las obras también tendrá que pagarlo el Ayuntamiento. En este sentido, la edil concluyó que “una vez más vemos cómo actúa el Gobierno valenciano con el plan Edificant, que consiste básicamente en que la Generalitat invita y los ayuntamientos pagan la cuenta”.

En cuanto a Vox, señalaron que “no es un regalo, sino una necesidad de nuestro pueblo”, recordando las manifestaciones de docentes, padres y alumnos demandando obras lo que según el grupo evidencia el fracaso de Edificant. En cuanto a Óscar Lillo (PP), señaló que “Edificant ha servido para vender humo, y estas obras se aprobaron en 2019 y tras 17 meses de silencio ahora se lleva a pleno”. Según Lillo, el balance de Edificant “es tétrico, con los centros estancados y los IES saturados, lo que demuestra qué poco pinta San Vicente en la Generalitat”.

En el pleno también se aprobó denominar la sala de usos múltiples de la biblioteca Miguel Delibes con el nombre de ‘Almudena Grandes’. La edil del área, Raquel Rodríguez, justificó en el pleno esta propuesta, que había sido previamente aprobada por mayoría simple en el consejo de cultura, argumentando que “la cultura es universal, no local”, defendiéndose así de las críticas de parte de la oposición que prefería adoptar el nombre de alguna personalidad con ADN sanvicentero. El punto salió adelante pese a las abstenciones Ciudadanos  y las negativas de PP y Vox.