El pleno ordinario del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, celebrado en la tarde del 23 de febrero, dio luz verde al Plan Anual de Contratación para el ejercicio 2022 y aprobó la propuesta de Modificación Puntual del Plan General.

El Plan anual de contratación es un documento en el que se muestran las previsiones de licitaciones del Consistorio, especialmente a partir del segundo trimestre del año, y que presenta la intención de convocar un total de 88 concursos públicos. La corporación municipal lo aprobó con los votos a favor de PSOE, EU, Podem y Ciudadanos; y las abstenciones de PP, VOX y Compromís.

La naturaleza del Plan Anual de Contratación, enmarcado en la ley de Contratos del Sector Público, es recoger la relación de contratos que se pretenden licitar a lo largo de 2022, tanto suministros y servicios como obras. De esta forma, las empresas pueden conocer de forma anticipada datos básicos como el objeto, el precio, la duración y la fecha estimada de licitación, permitiéndoles estar atentos a la convocatoria y planificar la presentación de las ofertas.

Se trata de un plan de carácter indicativo, en el que se recaba la información de las necesidades que han expresado los diferentes departamentos municipales. Es por ello que los datos disponibles presentan diversos grados de concreción y desarrollo, en función de la definición y la carga de trabajo que conlleva el período de su tramitación. Precisamente, la condición informativa de este plan no obliga a licitar todos los contratos establecidos o a realizarlos con las condiciones concretas anunciadas.

El concejal de Contratación, Guillermo García, expreso que “desde la Concejalía tenemos la firme convicción de seguir avanzando en una planificación anual de contratos de servicios, obras y suministros de las diferentes áreas municipales. Con este plan, tenemos  un  objetivo de mejorar en planificación, gestión y competitividad de cara a futuras licitaciones”.

Propuesta de modificación puntual del Plan General

Por otro lado, la 40ª modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) continúa su proceso de implantación definitiva. En esta ocasión, el pleno ordinario del mes de febrero aprobó su sometimiento a exposición pública por un plazo de 45 días, con los votos a favor de PSOE, EU, Podem y Compromís; las abstenciones de PP y VOX; y los votos en contra de Ciudadanos.

Durante ese periodo, cualquier persona o colectivo puede presentar y registrar sus alegaciones a una modificación que pretende la regulación de diversas condiciones de edificación, de instalaciones de interés general y afecciones del viario público.

El alcalde y responsable del área de Urbanismo, Jesús Villar, explicó que las modificaciones provienen de la iniciativa de los Servicios Técnicos municipales y cuentan con el apoyo del equipo de gobierno, pues “entendemos que mejoran la regulación urbanística y las condiciones de la edificación, y suponen una mayor calidad urbana sin perjuicio de las correcciones que pudieran introducirse como consecuencia de las alegaciones que se presenten en el período de información pública”.

_{Entre estas modificaciones destaca  la posibilidad de que los fondos de saco (calles sin salida) ubicados en San Vicente (un total de 57 afectando a 273 parcelas) puedan ser cerrados por los propios vecinos, encargándose ellos mismos del mantenimiento. Una medida “atrevida”, según el edil de UE Alberto Beviá, pero que fue recibida con recelo por parte de la oposición: “creemos que no se trata de una necesidad ni de una demanda mayoritaria de los vecinos afectados. Más bien parece que obedece a una iniciativa municipal encaminada a quitarse problemas y obligaciones, las cuales se trasladan a los vecinos en lo referente, por ejemplo, al mantenimiento y limpieza de las calles”, expresó el concejal de Ciudadanos, Pachi Pascual. “Se justifica el cambio en motivos de seguridad cuando creemos que realmente, ante situaciones de emergencia como un incendio o el acceso de policía o servicios sanitarios, lo que podría hacer es crear más problemas”, añadió. Por su parte, Crisanto Gil (PP) expresó su sorpresa en que “no se incluyan los gastos de alumbrado y sea el Ayuntamiento el que se siga haciendo cargo de ellos pese a que el espacio lo disfruten las comunidades de vecinos”.}

_{Entre las modificaciones también se incluye la prohibición de realizar cerramientos en las terrazas, medida muy criticada por Ciudadanos: “Que nosotros conozcamos, y por la documentación que hay en el expediente, no existe ninguna legislación que nos obligue a tomar esta medida de prohibir los cerramientos de terrazas. Son ustedes los que se arrogan la potestad de decidir lo que la gente tiene que hacer con su vivienda. De verdad que no entendemos su afán regulatorio y la limitación de un derecho que ahora tienen los propietarios, siempre cumpliendo con la legalidad, evidentemente, y sin perjudicar a terceros·, expresó Pascual.}

Inversión en parques empresariales

El último punto del orden del día versó sobre la solicitud de una subvención al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos. A su vez, la corporación municipal también aprobó las memorias técnicas por unanimidad.

Los proyectos se desarrollarán en los cuatro polígonos industriales de San Vicente del Raspeig, con los siguientes presupuestos: Canastell (230.806,56 €), Inmediaciones (200.000 €), Torregroses (207.695,92 €) y Rodalet (200.000 €).

La corporación municipal avala el Plan Anual de Contratación 2022, la exposición pública de la 40ª modificación puntual del PGOU y la subvención para inversiones del IVACE

¿Desaparecerá la fuente de la rotonda de la Carretera de Agost?

En el apartado de preguntas destacó la respuesta de Alberto Beviá al ser preguntado sobre la posible desaparición de la fuente situada en la Carretera de Agost, después de un escrito oficial por parte de la Unión de Comparsas en el que lo daba por hecho. “La situación en ese entorno no se puede mantener en el tiempo y habrá que tomar una decisión, por ello hemos encargado un estudio previo y posteriormente se realizará un plan de participación pública”, aclaró Beviá.

Sobre las polémicas vallas situadas en la plaza José Ramón García Antón, Beviá informó que “no es nuestra intención retirar el vallado el cual se hizo ante un informe de necesidades”. El alcalde, Jesús Villar, repondió respecto la situación de la empresa de chatarra situada en Calle Teular, sobre la que “ya se ha realizado una primera multa coercitiva de 600 euros y si no contestan al requerimiento de medidas correctoras habrá más”.