El área de contratación fue la más agitada en la recta final de 2021 en el seno del Ayuntamiento de San Vicente. La caducidad de varios contratos y las prórrogas forzosas derivaron en algunos conflictos judiciales y varios quebraderos de cabeza para el equipo de gobierno.

2022 empieza en la misma línea, centrándose el problema en el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, el cual caducó sin que se pudiera volver a adjudicar a tiempo. Es más, el proceso tuvo que volver al punto de partida, obligando a prorrogar el contrato existente, maniobra por la que CESPA reclama ahora 1,5 millones de euros al consistorio. La empresa se siente perjudicada ya que además fue la opción más valorada en el concurso de adjudicación, lo que le ha obligado a tomar medidas.

Tanto el Alcalde, Jesús Villar, como la edil de Servicios Urbanos, Pilar Alcolea, tendrán ahora que mantener reuniones con la empresa y estudiar su solicitud, así como posibles soluciones transitorias ante la falta de un calendario real en el que se pueda realizar la adjudicación de forma definitiva, algo que a corto plazo no se vislumbra.